El Tribunal Supremo japonés, al rechazar la petición de uno de sus ciudadanos de ejercer el derecho al olvido, determinó los criterios que se deben tener en cuenta para aprobar dicha petición. Es así como los jueces establecieron la necesidad de que el valor de la protección de la privacidad de quien quiere ejercer su derecho sobrepase el valor de la divulgación de la información, teniendo en cuenta el grado de violación a la intimidad, el propósito e importancia de los artículos noticiosos, la industria en la cual el interesado se desempeña laboralmente, entre otros. La petición del involucrado fue rechazada ya que los resultados de búsqueda en internet trataban sobre su arresto en un caso de prostitución infantil, información considerada más valiosa para la sociedad japonesa que la privacidad del titular.
