La orden presidencial del 25 de enero de 2017, que busca reforzar la aplicación de la ley de inmigración en los Estados Unidos, creó preocupaciones en la Unión Europea por la influencia que esta pueda tener en el acuerdo de transferencia internacional de datos entre ambas potencias: el Privacy Shield. Esta orden establece la exclusión de todos los no ciudadanos o residentes ilegales del país a las protecciones otorgadas por la ley de privacidad. Si bien la Comisión Europea, que fue quien negoció el Privacy Shield con EE.UU., aclaró que este acuerdo no depende de la ley de privacidad modificada por la presidencia de dicho país, sus acciones han generado incertidumbre sobre la postura y futuras políticas de privacidad que vaya a tener la nueva administración de EE.UU.
