Un importante grupo de universidades modificó los contratos que debían firmar los estudiantes o sus avales al ingresar a las entidades educacionales para garantizar el pago de los servicios, debido a que el SERNAC consideró que ciertas cláusulas de autorización para el tratamiento y comunicación de datos personales de los estudiantes, eran abusivas y perjudicaban sus derechos y los de sus apoderados.
