El 29 de octubre de 2016 se publicó la ley 20.959 que otorga a los directores y guionistas un derecho a remuneración igual al que la ley 20.243 otorgó a los intérpretes de obras audiovisuales (actores). Esto significa que cualquier persona que realice una comunicación pública, distribuya por medios digitales, arriende, o de otra forma utilice una obra audiovisual con fines de lucro, deberá pagar una remuneración a los directores y guionistas de tales obras; esto en adición a la remuneración que ya debe pagar a los intérpretes. Este derecho es de carácter irrenunciable, por lo que no puede ser cedido.
