A partir de una consulta de la Dirección del Trabajo, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) está autorizada para solicitar a las entidades fiscalizadas por dicha repartición, datos personales de sus trabajadores, siempre y cuando ellos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. La CGR sostuvo su pronunciamiento en que la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada autoriza que los organismos públicos traten datos personales, aun cuando no medie el consentimiento del titular, en la medida que ellos actúen en el ámbito de sus competencias.
