Luego de meses de discusión, la Contraloría General de la República decidió no dar curso al polémico decreto del Ministerio del Interior, que establecía un nuevo reglamento de interceptación de comunicaciones y de conservación de datos comunicacionales –que llegó a ser conocido como “decreto espía”- por no ser ajustado a derecho. El Contralor General fundamentó su dictamen en que las distintas disposiciones incluidas en el decreto buscaban regular materias propias de ley, excediendo, en consecuencia, la potestad normativa de la administración. El rechazo ya ha motivado el pronunciamiento de distintos actores en torno al tema, que aplauden la decisión de la Contraloría. Este decreto buscaba reemplazar al actual reglamento de interceptación de comunicaciones, que está vigente desde el año 2015 (Decreto 142 del año 2015).
