Fue aprobada en China una nueva ley de transferencia de datos con el objetivo de garantizar la seguridad nacional de ese país. Dentro de la ley existen normas controversiales sobre el almacenamiento de información y su privacidad, pues obliga a los “operadores de infraestructuras de información clave” a almacenar los datos personales y comerciales relevantes dentro del país, debiendo someterse a una evaluación de seguridad en caso de que se quiera trasladar la información al extranjero. Esta ley ha sido criticada por los efectos que tendrá en la innovación y en los derechos humanos de los titulares de los datos, además de la falta de transparencia en el proceso de aprobación.
